El riesgo fiscal de los operadores petrolíferos se gestiona con documentación: cada litro importado, almacenado, expedido y facturado debe coincidir en cantidades, fechas y sujetos. Como la Agencia Tributaria comprueba las mismas operaciones desde el Impuesto sobre Hidrocarburos, el IVA y la normativa aduanera, un error documental se traduce en cuotas, recargos y sanciones en varios frentes a la vez.
Este artículo propone un programa de cumplimiento para la dirección jurídica y los administradores. El análisis técnico de cada impuesto está en la guía sobre la fiscalidad de operadores petrolíferos e inspecciones fiscales.
Pilar 1: devengo y régimen suspensivo bajo control
La Ley 38/1992 de Impuestos Especiales devenga, como regla general, el impuesto en la salida de fábrica o del depósito fiscal, salvo que el producto salga en régimen suspensivo hacia otro establecimiento autorizado. Esa distinción entre salida a consumo y salida en suspensión es la clave del sector: mientras el producto circula en suspensión no se paga el impuesto, pero se asume la obligación de acreditar su llegada a un destino autorizado. Si la llegada no se justifica, la salida se considera irregular.
El primer control es, por tanto, saber en cada momento qué producto está en suspensión, dónde y con qué documento. Cada figura autorizada, sea depósito fiscal, destinatario registrado o expedidor registrado, tiene obligaciones distintas, y la dirección debería mantener un cuadro de responsables y autorizaciones vigentes.
Pilar 2: conciliación de DAE, existencias y mermas
Los productos en régimen suspensivo circulan amparados por un documento administrativo electrónico (DAE), que identifica expedidor, destinatario, mercancía, cantidades e itinerario y se cierra con el informe de recepción. Los errores más frecuentes son el cierre fuera de plazo, las diferencias entre lo expedido y lo recibido, los cambios de destino sin actualizar el documento y las expediciones sin DAE válido. Cada uno puede dar lugar a un expediente por circulación irregular.
- Conciliación mensual de los DAE emitidos y recibidos con la contabilidad de existencias.
- Registro contemporáneo y causado de cada diferencia de inventario.
- Alertas internas para los DAE pendientes de cierre.
- Revisión de las mermas frente a las pérdidas inherentes que la ley excluye de tributación en suspensión.
Una diferencia de inventario sin justificar es una de las regularizaciones más habituales, porque se interpreta como producto salido a consumo sin haber pagado el impuesto.
Pilar 3: garantías vigentes y suficientes
La normativa exige garantías a quienes operan en suspensión, con cuantía y forma que se rigen por la ley y su Reglamento y varían según la figura y el volumen de operaciones. Mantenerlas vigentes y suficientes es una obligación continua, no un trámite de alta. Un calendario de vencimientos y una revisión periódica de su cuantía frente al volumen real evitan que una garantía caducada deje sin cobertura una operación.
Pilar 4: diligencia con proveedores y registro de la CNMC
Para vender al por mayor productos petrolíferos hay que cumplir la Ley 34/1998 del sector de hidrocarburos y figurar en el listado de operadores de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Tras la reforma de la Ley 7/2024, la Ley 38/1992 establece que una factura o documento de circulación no acredita el pago del Impuesto sobre Hidrocarburos si se detectan en el carburante productos distintos de los marcadores y trazadores autorizados, o si se compró a operadores que no figuran en ese listado. En la práctica, comprar a un proveedor no inscrito deja al adquirente sin prueba del pago.
El control consiste en una ficha de homologación de proveedores que incluya la comprobación del listado de la CNMC antes de cada alta y de forma periódica, y en conservar contratos, facturas, albaranes, DAE y justificantes de pago de cada operación.
Pilar 5: IVA del último depositante y precio anómalo
Según las novedades de la Agencia Tributaria sobre la Ley 7/2024, la ultimación del régimen de depósito distinto del aduanero se entiende realizada por el último depositante del producto extraído del depósito fiscal, que debe liquidar el IVA de la operación asimilada a una importación. Ese último depositante debe constituir y mantener una garantía del IVA de las entregas posteriores, salvo que sea operador económico autorizado o confiable, y debe acreditarlo ante el titular del depósito antes de la extracción. Quien permite la salida sin la acreditación debida puede responder solidariamente de la deuda de IVA de la entrega posterior. La liquidación del IVA es mensual para los titulares de depósitos fiscales y para quienes extraen producto de ellos.
Subsiste además el art. 87.5 de la Ley 37/1992 del IVA: responde subsidiariamente el destinatario que debía presumir razonablemente que el impuesto no se ingresaría, lo que se presume cuando paga un precio notoriamente anómalo. El control es una política de precios de compra con umbrales de alerta y un procedimiento de escalado a la dirección jurídica.
Responsabilidad de los administradores y defensa
El art. 43 de la Ley General Tributaria regula los supuestos de responsabilidad de los administradores, cuyo alcance depende de cada caso. Con los cinco pilares documentados, la dirección puede acreditar diligencia. Conviene recordar que la acción de la Administración prescribe a los cuatro años, que la inspección tiene una duración general de 18 meses ampliables en los supuestos previstos, y que el delito fiscal del art. 305 del Código Penal requiere una cuota defraudada superior a 120.000 euros, de modo que si se aproxima ese umbral la estrategia debe diseñarse desde el primer día. Cuando el debate es cuantitativo, como una merma, un precio o un margen, un informe pericial independiente, como los de ValiTax Informes Periciales, aporta una base objetiva.
Cómo puede ayudar LRB Tax & Legal
LRB Tax & Legal es un despacho experto en asesoramiento fiscal a operadores petrolíferos y en defensa en inspecciones fiscales. Revisa con la dirección jurídica la estructura de depósitos, garantías y proveedores, prepara la documentación antes de una comprobación y asume la defensa en el procedimiento inspector y en los recursos.
Preguntas frecuentes
Conciliación mensual de DAE y existencias, registro causado de mermas, garantías vigentes y suficientes, homologación de proveedores con comprobación del listado de la CNMC y una política de precios de compra con umbrales de alerta.
Según la Ley 38/1992 tras la reforma de la Ley 7/2024, la factura o el documento de circulación no acredita el pago del Impuesto sobre Hidrocarburos, por lo que el adquirente puede quedar sin prueba del pago y expuesto a regularización.
El último depositante liquida el IVA de la operación y debe garantizar el de las entregas posteriores, salvo que sea operador económico autorizado o confiable. El titular del depósito puede responder solidariamente si permite la salida sin la acreditación debida.
Si la dirección jurídica de su empresa desea revisar este programa de cumplimiento o prepararse ante una posible inspección, puede contactar con LRB Tax & Legal para un primer análisis. Contenido informativo y orientativo, que no sustituye al asesoramiento sobre un caso concreto.