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Ahorro de costes de la dirección jurídica externa
La comparación que interesa no es «cuota mensual frente a salario», sino coste total del escenario A frente a coste total del escenario B, incluyendo en ambos lo que la empresa seguirá pagando a despachos externos. Hecha así, la diferencia suele ser considerable, y además el escenario externo incluye trabajo que en el otro no se hace.
Los tres escenarios
| Escenario | Coste directo | Lo que incluye |
|---|---|---|
| Solo despachos, por horas | Variable e imprevisible | Lo que se pregunta. Nada de trabajo preventivo |
| Responsable en plantilla | Coste total de empleo más estructura | Su especialidad. El resto sigue yendo fuera |
| Dirección jurídica externa | Cuota cerrada con alcance escrito | Función completa más dirección de los especialistas |
Los conceptos que se ahorran
- Cotización empresarial sobre el salario bruto, que añade un porcentaje relevante al coste de cualquier contratación.
- Indemnización potencial si la relación laboral termina, que en perfiles senior con antigüedad es una cifra que conviene provisionar.
- Proceso de selección de un perfil escaso, que en dirección jurídica rara vez baja de tres meses y suele implicar honorarios de búsqueda.
- Puesto y herramientas: espacio, equipo, bases de datos jurídicas, software de gestión documental y formación continua obligatoria.
- Tiempo de rampa: los primeros meses de cualquier incorporación tienen productividad reducida mientras se conoce el negocio.
- Coste de la vacante: el período sin cobertura cuando esa persona se va, con los asuntos parados y los plazos corriendo.
Y los que se reducen
Al ahorro directo se suma la reducción del gasto en despachos externos, que en empresas sin dirección jurídica suele estar descontrolado por tres motivos: encargos mal definidos que se amplían sobre la marcha, ausencia de presupuesto previo por asunto y falta de revisión de las minutas. Con encargo escrito, presupuesto cerrado y revisión del detalle, la reducción del gasto legal externo es habitualmente significativa sin que baje la calidad del servicio recibido.
No de pagar menos por hora, sino de encargar mejor: asuntos definidos, con la información completa desde el principio, sin duplicidades entre despachos, sin trabajo exploratorio que la empresa podría haber acotado y sin pleitos que no debieron abrirse.
El ahorro que no se ve
La parte más importante del ahorro es la que corresponde a lo que no ocurre: la sanción que no llega porque el canal de denuncias estaba implantado, la reclamación que no prospera porque el contrato tenía límite de responsabilidad, el descuento en el precio de venta que no se aplica porque la due diligence no encontró contingencias. Es difícil de cuantificar con precisión, pero se puede estimar con el histórico del sector y con el importe de las contingencias efectivamente cerradas. Lo tratamos en retorno de la inversión.
Esta página describe el marco general vigente en España y no sustituye al análisis del caso concreto. La normativa mercantil, laboral, penal y de protección de datos se modifica con frecuencia, y existen especialidades sectoriales y autonómicas: antes de tomar decisiones conviene verificar la redacción vigente de las normas citadas. Consúltenos su caso.
Sobre el coste del servicio
¿Cuánto cuesta exactamente?
Se fija tras el diagnóstico y depende del tamaño de la empresa, del número de sociedades, del volumen de contratación, del sector y de los bloques incluidos en el alcance. Dar una cifra antes de conocer esos datos sería inventarla. Lo que sí garantizamos es que la cuota se cierra por escrito con un alcance definido y que todo lo que quede fuera se presupuesta antes de encargarse, nunca después. La estructura completa está en planes y honorarios.
¿Hay permanencia?
El contrato tiene un plazo inicial —normalmente doce meses— porque la función jurídica necesita continuidad para dar resultado: los tres primeros meses son de implantación y el valor aparece después. Transcurrido ese plazo, la renovación es tácita y anual, con preaviso de terminación razonable para poder hacer un traspaso ordenado. No hay penalizaciones por no renovar.
¿Los proyectos puntuales van aparte?
Sí, y se presupuestan como proyecto cerrado: implantar un modelo de prevención de delitos, hacer una adaptación completa al RGPD, preparar una due diligence de venta o llevar una operación societaria. Son trabajos con principio, fin y entregable definido, y se cotizan aparte de la cuota de operación para que esta refleje solo lo recurrente. La empresa sabe siempre lo que va a pagar antes de encargar.
¿Quién controla hoy las obligaciones legales de su empresa?
Si la respuesta es «cada uno un poco» o «el despacho, cuando le llamamos», hay riesgo acumulado que nadie está midiendo. Cuéntenos cómo está organizada su empresa y le devolvemos un diagnóstico con lo que falta, lo que está desactualizado, lo que puede sancionarse y en qué orden conviene resolverlo, con una propuesta de honorarios cerrada.