La dirección de la cartera de litigios, la estrategia, el seguimiento y la valoración del riesgo sí. La llevanza procesal de cada procedimiento se presupuesta aparte, porque su coste depende del asunto, de la instancia y del foro, y porque en muchos casos interviene un especialista. La empresa recibe siempre un presupuesto antes de que se inicie cualquier actuación procesal.

Lo que está en el alcance está cubierto por la cuota, aunque el mes haya sido intenso. Para los picos que exceden claramente el alcance —una operación, una inspección— existe una bolsa de horas a tarifa pactada de antemano o un presupuesto de proyecto. Nunca aparece una factura por trabajo no autorizado previamente.

Sí, y es lo que recomendamos: el alcance mínimo que cubre las urgencias detectadas en el diagnóstico, con ampliación cuando la empresa ve el funcionamiento y aparecen necesidades nuevas. Ampliar es sencillo. Lo que no funciona es contratar un alcance amplio sin diagnóstico previo, porque entonces se paga por cubrir riesgos que no se sabe si existen.

En la mayoría de los casos se descuenta de las primeras cuotas del servicio, en los términos que se pacten al presupuestarlo. Y si la empresa decide no continuar, se queda igualmente con el informe, el mapa de riesgos y el plan priorizado, que son útiles por sí mismos y puede ejecutar con quien prefiera.