No necesariamente, y en muchos casos es mejor que no. Si su empresa tiene un despacho que lleva bien una materia concreta, lo razonable es mantenerlo y coordinarlo desde la dirección jurídica, con un encargo definido y un presupuesto por asunto. Lo que sí cambia es que deja de haber varias relaciones sueltas sin nadie que las supervise: pasa a haber un responsable que sabe qué está haciendo cada uno, qué está costando y si el criterio es coherente. Cuando la conclusión del diagnóstico es que un despacho concreto no está aportando lo que factura, se lo diremos con argumentos, pero la decisión es siempre de la empresa.

Con una cuota mensual fija asociada a un alcance escrito, más proyectos cerrados para las implantaciones puntuales (un modelo de prevención de delitos, una adaptación completa al RGPD, una due diligence). Lo que queda fuera del alcance se presupuesta antes de encargarlo, nunca después. El importe depende del tamaño de la empresa, del número de sociedades, de la intensidad contractual y de los bloques incluidos, y se fija tras el diagnóstico, no antes. Puede ver la estructura completa en planes y honorarios.

El diagnóstico está en tres o cuatro semanas y ya cambia la conversación: por primera vez la dirección ve escrito dónde está expuesta. Las urgencias detectadas se abordan de inmediato. Los modelos de contrato y el calendario de obligaciones suelen estar operativos en el segundo mes, y el cuerpo de compliance y protección de datos, en el tercero. A partir del cuarto mes el trabajo es de operación y mejora continua. El detalle está en implantación en 90 días.

El servicio lo prestan abogados en ejercicio, sujetos a secreto profesional, lo que da a la información compartida una protección reforzada frente a la que tendría en manos de un consultor no colegiado. Además se firma un acuerdo de confidencialidad específico y, cuando se tratan datos personales, el correspondiente contrato de encargado de tratamiento. La documentación se custodia con medidas de seguridad acreditables. Lo explicamos en confidencialidad y secreto profesional.

Se busca y se dirige desde aquí. Ninguna persona domina a la vez mercantil, laboral, penal económico, concursal, contencioso, propiedad industrial, competencia y protección de datos; pretenderlo sería el primer error. Lo que sí puede hacer un director jurídico es identificar con precisión qué especialista hace falta, elegirlo con criterio, definirle el encargo, negociar el presupuesto y controlar el resultado. La empresa sigue teniendo un solo interlocutor. Puede verlo en acceso a especialistas.